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Por “ocupación ilícita”: campesinos en Yaracuy enfrentan cargos y posible desalojo

Un total de 8 productores agrícolas se encuentran imputados y con orden de presentación en el estado Yaracuy, por la supuesta ocupación ilegal de un territorio con régimen de protección ambiental, aunque los asentamientos de la zona -y por lo tanto las viviendas y el hogar de los campesinos- tienen en algunos casos más de un siglo en el lugar. Así lo cuenta María Cristina Martínez, parte de la comuna Minas de Buría, de la cual forman parte los terrenos en disputa.

El decreto 3203 que rige su resguardo, agrega Martínez, data apenas del año 2015. Por esto los campesinos alegan que su presencia en el sitio es legítima. Igualmente, estos dicen tener al día su documentación, avalada por el Instituto Nacional de Tierras (INTI), al tratarse de espacios productivos.

Las familias, varias de ascendencia jirajara, temen por la amenaza de desalojo que pesa sobre ellos: tendrían que salir furtivamente de un territorio en el que formaron sus hogares, además de desarrollar actividades productivas que benefician no solo a los estados Yaracuy y Lara sino también a la ciudad de Caracas: cerca de 30 rubros que cosechan en esos terrenos terminan en puntos de distribución capitalinos.

De concretarse la posibilidad de desalojo, serían en un principio 277 las familias afectadas, aunque esto sentaría un precedente que terminaría poniendo en riesgo a las más de 3 mil que habitan en esos espacios. Dentro del primer grupo se encuentran los sujetos imputados.

¿Institucionalidad o negocio?

La primera irregularidad que cuentan los afectados sobre esta medida, radica en el hecho de que en la zona resguardada se lleva a cabo de manera sostenida la minería no metálica, especialmente por la actuación de empresas areneras.

El promotor de esta medida es el director regional del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, Rafael Morales. Este, denuncian los campesinos, tendría vínculos con esas empresas, por lo que relacionan la tentativa de desalojo a potenciales negocios de extracción en la zona.

Otro motivo de sospecha nace de la forma en la que se ha llevado la denuncia: los acusados son procesados por un Tribunal Penal, cuando lo correspondiente sería ser atendidos por un Tribunal de Primera Instancia de carácter Agrario. “No hay juez”, es la respuesta.

También genera curiosidad que entre los 8 acusados, uno de ellos falleció hace cerca de ocho años, mucho antes de la publicación del decreto de resguardo.

A río revuelto, la política convertida en show

De la confusión del caso ha buscado aprovecharse parte de la dirigencia política de la derecha en la entidad: un contingente del partido Voluntad Popular, junto con parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática, se ha declarado en solidaridad con los campesinos, y buscan generarse saldos positivos de cara a una futura contienda electoral, además de minar los ánimos de la organización popular.

Y en cierta forma tienen doble éxito: por un lado, logran dar una imagen de apoyo a las fuerzas productivas, cuando al manifestarse lo que logran es legitimar los ataques al grupo de trabajadores de la tierra. Ya el responsable de la oficina regional aprovechó para desacreditar tales acciones y con esto la lucha entera, al catalogar públicamente la aparición de VP como “un show”. Y lo es, reconoce Martínez.

Se requiere, entonces, un bloque cerrado de apoyo desde las filas del chavismo, que debe estar del lado de los campesinos, siempre. Tal como lo asumiera recientemente el exministro de Agricultura Elías Jaua, cuando salió a la luz el caso de la comuna Negro Miguel, que rescató tierras ociosas que eran propiedad de un exalcalde del Psuv.

No todo es fuerza campesina

Uno de los imputados es un ganadero, con más de 300 hectáreas bajo su poder. Las actividades de pastoreo y mantenimiento de los animales sí podrían generar un impacto sobre las cuencas de la zona, reconocen, aunque sigue quedando en el aire el tema de la minería, que rompe con los argumentos de resguardo.

Se teme, igualmente, que la presencia del ganadero entre el grupo de acusados puede verse como una excusa para deslegitimar las denuncias del sector campesino, aunque la inmensa mayoría de los afectados serían familias humildes que se dedican a la producción de alimentos con sus propias manos.

Nota: Para el momento de publicación, no se ha recibido declaración por parte del Ministerio. Esta información será ampliada en los próximos días de forma más detallada.

Cultura Nuestra

Foto: Crbz.

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