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“La muerte de mi padre costó cinco mil bolívares”. Larga lucha campesina en Caño Caimán

“La injusticia se pavonea con paso seguro”, escribió en un poema Bertolt Brecht. Esta historia es, muy de cerca, una prueba viva de ese verso.

El 8 de septiembre del 2001, en Santa Bárbara del Zulia, durante el Plan Zamora que inició la entrega de títulos a las y los campesinos para la tenencia de las tierras que habían estado ocupadas por latifundistas, el presidente Chávez le adjudicó 16 hectáreas a cada una de las 30 familias que las habían luchado en Caño Caimán, en Santa Cruz del Zulia, municipio Colón. Entre esos campesinos estaba Licinio Lago.

Licinio no se asumía como dirigente de la comunidad, sin embargo, poseía algunas máquinas y herramientas que puso a la orden del resto de las familias al día siguiente de la entrega de titularidad, para que empezaran a hacer la vía y a construir sus ranchos en los terrenos. Tenía 50 años, se veía joven y estaba entero.

No habían pasado dos meses desde que Chávez le dio en sus manos el papel provisional que era certeza de un lugar para trabajar y vivir, cuando lo mataron. El 31 de octubre escuchó que desde un camión Fortaleza lo llamaron por su nombre y lo siguiente fueron los cinco disparos. El carro se dio a la fuga. En los fundos recuperados ni siquiera habían terminado de delimitar las parcelas.

“Él ya había tenido amenazas y ya habían matado a otros compañeros que estaban en esta lucha. El campesino que probó que las tierras eran de la Nación y no de los latifundistas, William Avendaño, fue asesinado en febrero del 2001. Nosotros nunca invadimos esas tierras, esperamos hasta que el presidente Chávez nos diera la titularidad y ahí fue que las familias entramos a ellas con el título en mano. Y eso molestó. Todo el mundo lo sabe, los ganaderos hacen ‘potes’, ellos hacen sus reuniones y cada uno pone plata y dan precio a nuestras cabezas. Me dijeron que la muerte de mi padre había costado cinco mil bolívares”, cuenta Neisi Coromoto Lago Maestre, hija de Licino.

Ángel Urdaneta, el terrateniente que tenía en su poder todas esas tierras previa entrega, sigue siendo el dueño de 61 hectáreas junto a las parcelas de estas 30 familias. Un vecino que ha mantenido una lucha contra la tenencia de los campesinos: “A nosotros nos dieron el registro agrario, pero cada vez que nos iban a dar un nuevo documento para fortalecer nuestra tenencia Ángel Urdaneta de alguna manera se enteraba y mandaba a pararlo apelando una y otra vez. El rescate de tierras nos lo dieron en el 2010. Del Instituto Nacional de Tierras (INTI) nos dijeron que trabajáramos porque ya no teníamos ningún problema, hicimos linderos, pusimos nuestros tanques de agua, pero desde la parcela 15 hasta la 30 trabajamos únicamente en cuatro hectáreas de las 16.” ¿Por qué? Ángel Urdaneta introdujo una solicitud de protección para ocuparle a cada una de esas familias 12 hectáreas para su ganado. Ese permiso se lo dio un Tribunal Agrario, aunque han pasado 15 años desde que la comunidad tiene sus adjudicaciones.

“Cuando mataron a mi papá nuestra familia abandonó el lugar, mi mamá, mi hermano, mi hermana,, abandonamos las 48 hectáreas que nos entregó el presidente Chávez. Nos fuimos por miedo. Pasó el tiempo. Volvimos. Mi madre y mi hermano recuperaron las tierras. Mi hermana no, cuando regresó ya estaba ahí otra familia. Atravesar el sicariato no fue fácil pero aquí estamos. Mi mamá todavía no lo supera. Yo volví a la parcela después de la vaguada del 2010, volví por necesidad, una pobre, sin mi papá, asustada, sin nada. Luego nos ayudó el Ministerio de Agricultura y Tierras con un crédito y con eso pusimos la luz, hicimos una vaquerita. Y volvimos a la lucha porque estas tierras son las que garantizan nuestro sustento”.

El anterior dueño sigue ahí. De él la comunidad sospecha sobre el asesinato de Licino, dicen que nadie más tendría razones para enviar sicarios a matarlo a él y a otros líderes campesinos justo después de recibir tierras que fueron secuestradas por terratenientes durante décadas.

Lo último

Desde que empezaron a trabajar en los Fundos Guanacaste y María Luisa, donde están estas 30 familias, se inició la siembra de plátanos. Tienen mil cabezas de ganado doble propósito, para carne y leche; yuca, maíz. Producen 1400 litros diarios de leche. Estas cosechas y producción de lácteos y sus derivados la llevan a las comunidades vecinas. Armaron un Consejo Comunal que agrupa a 47 familias, más de las que inicialmente comenzaron. Apoyan con sus productos a las comunidades de Encontrado y Santa Cruz, aunque ahora todo el Sur del Lago ha estado ante una implacable sequía.

Mientras estas familias solo esperaban que se resolviera la situación de sus 12 hectáreas ocupadas por el ganado de Urdaneta, recibieron una nueva noticia.

“Hace unas semanas llegó el juez agrario del estado Zulia, para informarnos que había orden de desalojo sobre estas tierras. Él no presentó nada por escrito, solo dijo que debíamos salir de las tierras en cinco días, de forma voluntaria”, dice Neisi.

Su temor es volver atrás, al tiempo de la nada. Echar por tierra el esfuerzo de Chávez y de todas las familias. “Lo que estábamos esperando era que él se fuera, que sacara su ganado, lo esperamos por todos estos años pero ahora llega con un juez para sacarnos a todos”.

Neisi viaja con más miembros de la comunidad desde el Zulia hasta Caracas para continuar en los espacios legales con la lucha que inició su padre. Va siempre con las copias de diario que reseñaron el sicariato. Cuenta que están preocupados pero no se rinden: “Así debamos empezar la pelea otra vez, lo haremos”.

Texto: Katherine Castrillo/ Contacto: @ktikok

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