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El retroceso argentino en libertad de expresión llega a la OEA

El retroceso profundo que la Argentina registra en la vigencia de la libertad de expresión y en el acceso del pueblo a la información desde que asumió el gobierno del empresario derechista Mauricio Macri, el 10 de diciembre de 2015, llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un organismo de trayectoria a menudo errática en este y otros campos.

La Comisión concedió una audiencia para el 8 de abril a un conjunto de organizaciones de la comunicación, entre universitarias y comunitarias, encabezadas por la entidad de derechos humanos Centro de Estudios Legales y Sociales, que recurrieron a ella por los cambios por decreto que el gobierno impuso a la Ley de Radio y Televisión aprobada en el Congreso en 2009.

Esos cambios están dirigidos directamente a favorecer al grupo mediático Clarín, poseedor de cientos de radios y canales de televisión, diarios, una agencia nacional de noticias, revistas y portales en internet, el principal proveedor de televisión por cable, la única empresa elaboradora de papel para periódicos y que, con más favores de Macri, empezó ahora a avanzar en la telefonía celular y domiciliaria.

Esta formidable fuerza mediática y económica, detrás de la cual se alinea la mayoría de las restantes empresas privadas de comunicación, fue crucial para el triunfo electoral de Macri, con dos dinámicas centrales: una, censurar la información que favoreciera al gobierno anterior, de Cristina Fernández de Kirchner, manipular datos para negar sus avances, y acusarlo sin descanso, casi día por día, de instalar una corrupción sin precedentes; y, dos, proteger al empresario, ex alcalde de Buenos Aires, ocultando las carencias profundas de su gestión y censurando las críticas y acusaciones –también de corrupción– de que era y es objeto.

El gobierno de Fernández de Kirchner no logró su objetivo de hacer que Clarín se ajustara a la Ley de Radio y Televisión vigente, es decir, que resignara una parte –solo una parte– de los niveles de concentración que había alcanzado. Para ello fue crucial la complicidad directa de fiscales, jueces y tribunales de alzada que una y otra vez fueron trabando la aplicación de los artículos que disponían la desmonopolización. Se dio el caso de magistrados que fallaron a favor de Clarín tras haber realizado viajes suntuosos al exterior pagados por esa empresa.

Macri modificó la ley por decreto a 20 días de asumir, para extender la cantidad de medios que Clarín puede reunir, así como las porciones de clientes de televisión paga en todo el país. Para esos fines debió desarticular los organismos que gestionaban los servicios audiovisuales previstos en la norma de 2009, cuya composición es plural en lo político, y multisectorial y federal. El Gobierno silenció a todos esos sectores al crear un organismo nuevo, llamado Ente Nacional de Comunicaciones, en el que se autoadjudicó la mayoría absoluta.

Además, mientras casi todos los medios privados se volvieron ultraoficialistas, como los diarios Clarín y La Nación, los que habían respaldado las políticas de Fernández de Kirchner empezaron a desarticularse: unos porque se sostenían casi exclusivamente con publicidad estatal, que fue interrumpida de inmediato, sumado a un manejo empresarial inescrupuloso; otros porque la gestión de Macri comenzó a extorsionarlos con la negación de todo apoyo. Así, están silenciados comunicadores y programas que pudieran ofrecer informaciones y opiniones diferentes a las que imponen el Gobierno y sus aliados.

El formidable poder de manipulación de la justicia hizo que las organizaciones populares interesadas en la comunicación democrática observaran las perspectivas desalentadoras de recurrir a los tribunales para impugnar el decreto con el que Macri favoreció a Clarín al tiempo que usurpó las facultades del Congreso. Fueron presentados varios pedidos de medidas cautelares –el resguardo urgente de los derechos afectados mientras se resuelva la cuestión de fondo–, pero salvo alguna excepción aislada, esas solicitudes están destinadas a ser desbaratadas por Clarín. Si algún juez concedió la medida cautelar en pocas horas otro magistrado, de rango superior, o una cámara de apelación, revirtió y falló a favor del Gobierno y su aliado.

Tanto la expansión de Clarín en el sistema mediático como el aniquilamiento de los organismos democráticos de gestión del sector audiovisual se contraponen con la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que la concentración abusiva y la inexistencia de entidades autárquicas limitan la libertad de expresión.

Por eso las organizaciones recurrieron a la Comisión Interamericana, que ahora fueron llamadas a la audiencia del 8 de abril en Washington, en la que el Gobierno podrá a su vez exponer su posición. Será, en total, una reunión de 50 minutos.

El camino puede ser largo, tortuoso y con pocas posibilidades de consecuencias efectivas inmediatas. En el mejor de los casos, la Comisión podrá con el tiempo aprobar un dictamen que señale al gobierno de Macri la afectación de derechos esenciales de la ciudadanía.

En tanto, noticias como decenas de miles de despidos, aumento de la pobreza, un arreglo espurio con los llamados “fondos buitre” por la deuda externa, desarticulación de planes gubernamentales de salud, educación y cultura, represión de manifestaciones, atropellos policiales a jóvenes por el solo hecho de ser jóvenes, llegan al conocimiento de una porción mínima de la población, dado que el bloqueo informativo tiene unas pocas fisuras.

Texo: Hugo Muleiro. Escritor y periodista. Presidente de Comunicadores de la Argentina (COMUNA). Contacto: @HugoMuleiro

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