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Corte Uruguaya da prioridad a negocio mediático privado

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay falló a favor de planteos de empresas privadas y dio por inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Audiovisual. Están pendientes otros pronunciamientos para que pueda saberse qué queda en pie de este proyecto democrático.
La norma fue aprobada a fines de 2014, impulsada por el Frente Amplio, cuando concluía el gobierno del presidente José Mujica, y su reglamentación y aplicación efectiva quedó como responsabilidad de su sucesor, Tabaré Vázquez, quien asumió el primero de marzo de 2015.
Sin embargo, cuando varias empresas privadas anunciaron planteos de inconstitucionalidad, el mandatario eludió esta responsabilidad y prefirió congelar la reglamentación y aguardar el pronunciamiento de la Suprema Corte, que en el sistema uruguayo interviene directamente ante las presentaciones que invoquen violación a la Carta Magna.
El máximo tribunal se pronunció solo respecto del planteo hecho por la empresa Direct TV, que impugnó 27 artículos. El total de planteos de inconstitucionalidad llega a 20, por lo que los magistrados aclararon que este fallo no da la configuración definitiva respecto de qué artículos de la ley son respetados y cuáles son abatidos.
Aunque cuantitativamente la decisión de la Suprema Corte parece ser desfavorable a la empresa privada, hay aspectos cruciales en los que resultó favorecida y, principalmente, en que se ven avaladas prácticas monopólicas que dejan a la ciudadanía a merced de esta u otras corporaciones.
Los magistrados reconocieron que el Poder Legislativo procuró con esta norma, la 13.907, asumir la dimensión colectiva del derecho a la libertad de expresión, intentando superar el enfoque clásico burgués que pretende ubicarlo sólo como derecho individual o particular, sin dimensión social.
La empresa, dice el fallo, “soslaya, en sus cuestionamientos la incidencia que el estándar democrático y la dimensión colectiva de la libertad de expresión tienen a la hora de resolver la regularidad constitucional de las disposiciones impugnadas”.

Supremacía del negocio privado
El interés empresarial privado fue defendido por la Corte, y privilegiado por sobre el interés colectivo, social y cultural, al declarar inconstitucional el artículo que dispone la televisación gratuita de hechos de interés relevante, como las actuaciones de las selecciones de fútbol y básquetbol.
La Corte elige aquí defender los derechos patrimoniales, que con la gratuidad mencionada se verían afectados, conjetura, “en forma ilimitada y atemporal, y sin la necesaria, justa y previa compensación”.
También en beneficio del negocio privado el tribunal calificó de inconstitucional el artículo 55, que prevé limitar la cantidad de abonados que una empresa pueda tener, una previsión pensada, como en tantos lugares del mundo, para impedir posiciones monopólicas en una materia de interés colectivo y referida a un derecho humano esencial, como el acceso a la comunicación.
También rechazó un inciso del artículo 60, referido a las cuotas de pantalla, que establece la obligación de los emisores de transmitir un mínimo de estrenos de ficción de televisión o cine de producción nacional y en horarios no totalmente marginales. Insólitamente los jueces consideraron que esta disposición afecta la libertad de expresión, por impedir a los emisores la decisión absoluta sobre qué transmitir y cuándo hacerlo.
En cambio, los jueces supremos respetaron la decisión legislativa de impedir que las empresas de televisión paga no puedan explotar servicios de telecomunicaciones y la de disponer que estas firmas deban incluir canales de TV abierta, comerciales, públicos o comunitarios, así como conceder espacio gratuita para campañas electorales. Además, aceptaron que la publicidad no cause “perjuicio moral o físico” a la niñez y adolescencia.

Optimismo del Frente Amplio
Sectores del frente gobernante en Uruguay se dieron por satisfechos, al considerar que la Suprema Corte dejó en pie aspectos relevantes de la norma, como la creación del Consejo de Comunicación Audiovisual, que había sido impugnada, y la incompatibilidad entre servicio audiovisual y de telecomunicación.
El diputado Alfredo Asti, de Asamblea Uruguay, elogió también el respeto de los jueces al horario de protección a la niñez y la limitación a la publicidad dirigida a ella.
También elogió que se mantenga la obligación de las empresas de televisión paga de mantener al menos un canal propio de producción local y el límite a la cantidad de publicidad.

Texto: COMUNA / Contacto: www.comunanet.com.ar

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